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Esta es la lista de crímenes europeos, es decir, aquellos considerados graves, que hay que incluir en todos los Códigos Penales de la UE y para los cuales se fijan criterios comunes. El Parlamento Europeo no puede proponer leyes, pero sí puede pedir a la Comisión Europea que lo haga, y esto es lo que quiere con este informe. Ahora, sin embargo, tiene que empezar un proceso largo y de difícil recorrido, porque, después de la iniciativa del ejecutivo, son los veintisiete gobiernos los que tendrían que aprobar por unanimidad un cambio como este.
Por eso, una de las ponentes principales del texto, la eurodiputada de ERC Diana Orilla, lo considera un gran paso adelante. La otra ponente del texto es Malin Björk, de la Izquierda. El Partido Popular y los grupos de la ultraderecha no lo apoyaron. La familia conservadora asegura que "comparte" los objetivos de la iniciativa no legislativa y apoya la necesidad de incluir la violencia machista en la lista de crímenes de la UE.
Al mismo tiempo, sus integrantes dicen estar "preocupados" porque "algunas partes del texto sobrepasan las competencias de la UE". Es decir que considera que negar el derecho a un aborto legal y seguro también es violencia de género. Después de debatirlo internamente, el PP europeo decidió dar libertad de voto a sus miembros, y esta ha sido la clave que ha permitido que el texto salga adelante.
La mayoría de miembros del PP español se han abstenido y una eurodiputada ha votado en contra. Orilla admite que este ha sido lo gran debate durante la elaboración del informe, que explica que la referencia a las estructuras del heteropatriarcado, los estereotipos de género y las desigualdades institucionales y estructurales como base de la violencia machista también fue uno de los puntos calientes. En conjunto, sin embargo, el texto intenta cubrir todas las dimensiones de la violencia machista sin olvidarse de los colectivos LGTBIQ.
Recuerda que las violencias machistas tienen dimensiones desde el punto de vista psicológico, sexual, económico, físico y social. Incluso subraya el "fracaso" a la hora de gestionar la falta de confianza en las autoridades judiciales por parte de estas supervivientes, entre otras muchas cuestiones.