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Desdeelsur es un espacio de expresión de opinión sobre y desde Andalucía. Un depósito de ideas para compartir y de reflexiones en las que participar. Amenazar con los tribunales es la guinda de la polarización política con Congreso y Senado enfrentados con sus comisiones de investigación de la corrupción en la compra de mascarillas.
Algo sufrido, por ejemplo, por el entonces expresidente brasileño Lula da Silva que fue encarcelado e inhabilitado para disputar la presidencia al fascista Jair Bolsonaro por el juez Sérgio Moro, nombrado ipso facto ministro de Justicia en pago a ese servicio, hasta que se demostró que la condena era falsa y Lula pudo volver a presentarse a la presidencia que hoy de nuevo ostenta.
Para disuadir de incurrir en mala praxis judicial, partidista o negligente, esta debe tener consecuencias. La injusticia de jueces y magistrados debe conllevar resarcir a las víctimas, pero también sancionar a sus señorías. Daños tan graves como los sufridos por los políticos Mónica Oltra y Alberto Rodríguez, que se vieron despojados de sus condiciones respectivas de vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana y de diputado del Congreso cuando eran, ella, la líder de Compromís, él, miembro de Podemos.
Todos entendemos que cuando a una persona o empresa se le impone una multa o sanción tan baja que delinquir le sale gratis sigue infringiendo la legalidad. Un reciente atropello judicial impune no debe pasar inadvertido por ser ajeno a la política. Las tres mujeres sufrieron los abusos de su decano y jefe entre y La Audiencia en le rebajó la pena, a pesar de seguir considerando probados los abusos y que, para forzar a las víctimas, las amenazaba con frustrar sus carreras , vetar sus tesis e impedirles entrar en grupos de investigación y las obligaba a firmar a medias investigaciones hechas por ellas.
Era un atropello evidente y por eso ya en publiqué aquí el artículo ' Premio Gordo al ex decano abusador '. Los tiempos judiciales son lentos —no solo por su garantismo— y ha habido que esperar cuatro años para que el Constitucional dé ahora la razón a la profesora y víctima que ha perseverado en buscar justicia. No es de recibo que ella deba contentarse con la victoria moral de esta sentencia declarativa.
