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La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en para abordar estas cuestiones.
Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. El gobierno reconoció casos de desaparición forzada registrados desde , que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad.
La Corte Penal Internacional prosiguió con su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad, pese a los intentos del gobierno de suspender el proceso. Siguieron empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco.
El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se veía seriamente afectado, y el aborto seguía estando penalizado. Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación.
El gobierno y parte de la oposición iniciaron negociaciones políticas, y en octubre habían acordado ciertas condiciones en relación con las elecciones de La impugnación por parte del gobierno de los límites territoriales con Guyana dio lugar a un aumento de la presencia militar a lo largo de la frontera y elevó el riesgo de que se cometieran violaciones de derechos humanos.